• Descargue la Gaceta Oficial Extraordinaria número 40 del 21 de noviembre del 2011 en PDF (201 Kb)

Los bancos cubanos están preparados para implementar recientes normativas que modifican la política crediticia y otros servicios bancarios, dentro del proceso de actualización del modelo económico, dijeron hoy fuentes del sector.

El sistema bancario está en condiciones de contribuir en estos momentos financieramente con el desarrollo ordenado de la economía, afirmó Irma Martínez, vicepresidenta primera del Banco Central de Cuba.

Esto es posible, indicó, “canalizando los recursos monetarios temporalmente libres hacia aquellos sectores que requieren ser financiados, en consonancia con las acciones que de forma general se emprenden para actualizar nuestro modelo económico”.

Tales declaraciones están en armonía con lo establecido en el Decreto-Ley 289 y tres regulaciones complementarias recientemente emitidas, que entrarán en vigor el 20 de diciembre.

Van dirigidas a eliminar restricciones, estimular la producción nacional y facilitar el desarrollo de formas de gestión no estatales, según los documentos.

Según el Decreto-Ley -y como explicó la funcionaria- podrán acceder al crédito las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia, los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de tierra, las personas autorizadas a ejercer otras formas de gestión no estatal, los interesados en comprar materiales de construcción o pagar el servicio de la mano de obra de acciones constructivas, así como las que pretendan adquirir bienes de propiedad personal.

En cuanto al último grupo, en el Decreto-Ley se precisa que los créditos serán concedidos progresivamente, en la medida que las condiciones económicas y financieras del país lo permitan, dijo la Vicepresidenta Primera del BCC, quien añadió que “estos créditos se concederán en pesos cubanos, y los importes y plazos de amortización se acordarán entre el solicitante y la institución financiera, según los términos y condiciones establecidos por esta última; y que será el BCC el encargado de establecer los rangos mínimos y máximos de las tasas de interés”.

En cuanto a las personas autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, quedó explícito que también podrán solicitar créditos para la compra de bienes, insumos y equipos, y para cualquier otro fin que contribuya al adecuado funcionamiento del trabajo para el cual están autorizados.

Los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de la tierra, podrán solicitar créditos -expuso la funcionaria- para la compra y reparación de equipos y medios de trabajo, el fomento, renovación o rehabilitación de plantaciones, u otro fin que contribuya a elevar la producción agropecuaria. “Además -dijo- podrán solicitarse créditos para la compra de materiales de construcción, o pagar la mano de obra de acciones constructivas”.

Especial énfasis hizo en la idea de que «la concesión de estos créditos estará sujeta al análisis de riesgo que realice la institución financiera, y serán exigidas las garantías necesarias para asegurar el pago de los créditos en los términos que se pacten contractualmente con los bancos”.

Subrayó el capítulo cuarto del Decreto-Ley, donde se establece que las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia, los agricultores pequeños que acrediten la tenencia de la tierra y las personas que ejerzan otras formas de gestión no estatal, que operen cuentas corrientes, podrán depositar en ellas solo los fondos obtenidos por las actividades que están autorizadas.

Entre las novedades figuran la ampliación de créditos encaminados a satisfacer las necesidades más apremiantes de la economía, la flexibilización de los cobros y pagos entre personas jurídicas y naturales, y la apertura y operación de cuentas corrientes.

Estamos preparados para enfrentar esta actividad que constituye un reto, pues va a demandar una mayor cantidad de servicios, señaló Francisco Mayobre, vicepresidente de la institución bancaria.

Añadió que en el país radican cerca de 500 oficinas pertenecientes al Banco Metropolitano, Banco de Créditos y Comercio, y al Banco Popular de Ahorro.

Las instituciones, aseguró Mayobre, están listas para hacer frente a la demanda de la población, de los trabajadores por cuenta propia y del sector agropecuario.

(Con información de Prensa Latina y Juventud Rebelde)