La nueva ley de inversiones extranjeras y la lucha contra la corrupción

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Por Esteban Morales

Existen asuntos en los que la nueva ley mencionada, nos puede crear dificultades, si antes de ponerla en práctica no se hacen algunos ajustes.

Nosotros hemos tenido muchas dificultades con las inversiones internas. Por lo que no debería ser ese el contexto dentro del cual acometiéramos un proceso de nuevo impulso a las inversiones extranjeras.

Tal vez, hubiera valido la pena, demorarnos un poco y formular una Ley General de Inversiones y dentro de ella un capítulo para las Inversiones Extranjeras. Yendo de lo más general a lo particular. Generando así el contexto sistémico dentro del cual se debería mover la inversión extranjera en el país. Porque ahora, ¿cómo aislar Mariel de todos los problemas que tenemos con el proceso inversionista interno? A una pregunta mía, el Co. Ministro Murillo respondió que esa Ley General de Inversiones, estaba en proceso de redacción. Ojala no demore mucho, porque en medio del proceso de Reestructuración para lograr El Nuevo Modelo Económico, creo nos hace falta poder siempre mirar todo en sistema.

Otro asunto que guarda mucha relación con la nueva ley, a nuestro entender, es que hemos declarado que necesitamos entre 2000 y 2500 millones de dólares para estimular el desarrollo de la economía, haciendo crecer el PIB. Ese dinero se podría obtener del ahorro interno, pero este resulta muy insuficiente; o de los préstamos bancarios, con los cuales tenemos muchas dificultades debido al bloqueo financiero de Estados Unidos, razones por las cuales se necesitan con urgencia las inversiones extranjeras.

Sin embargo, ello se contradice con dos aspectos del problema de lo que pudiéramos llamar la recaudación de capital: uno, es la tendencia a negar la posibilidad de que alguien tenga dinero en Cuba para participar en el proceso inversionista. Se niega que haya cierto capital cubano (Cuidado que ETECSA se ha llevado una sorpresa). Negándole al cubano la posibilidad de invertir , y lo segundo, aceptar el dinero de las remesas solo para que este se convierta en empresas pequeñas y tal vez medianas, haciendo además, proliferar la quincallería, el pequeño comercio, los servicios gastronómicos , los pequeños negocios, la compra de carros y casas y el cuentapropismo en general.

Entonces, yo me pregunto ¿dejando que los cubanos inviertan, no podríamos acumular, aunque de a poco, capitales pequeños y medianos, que podrían vincularse al proceso inversionista, junto a la inversión extranjera? ¿Porque desperdiciar esa posibilidad? Además, ¿Cuál es la concepción que subyace tras la medida de impedir que los nacionales inviertan? Mientras estamos ofreciendo al capital extranjero parte de la riqueza nacional? Esto último parece venir de la misma mentalidad que hasta hace un tiempo, impedía que los cubanos fueran a los hoteles del turismo extranjero, tuvieran celulares y vendieran sus carros. Cuando todas estas medidas fueron levantadas, se produjo un resultado que podemos considerarlo como beneficioso. Más de 600,000 cubanos del patio han gastado dentro del turismo en moneda extranjera.

Si los nacionales pudieran invertir, ello permitiría que el dinero que viene en forma de remesas, aunque estas sean de Estados Unidos, ofrecería la posibilidad de reunir dólares para invertir internamente. Lo cual sería una forma de romper el bloqueo.

Siempre existiría el peligro de la emergencia de un capitalista interno, pero ello sería preferible a dejar todo en manos del inversionista extranjero. Creo que permitir la inversión del nacional, nos haría más fuerte e independiente frente al capital extranjero.

El otro asunto que observamos como muy serio es el de la contratación de la fuerza de trabajo. Somos partidarios de no perdamos el control de nuestro capital humano. Tampoco cederle al capital extranjero la libre contratación de la fuerza de trabajo. Pero, ¿porque sometemos a nuestros trabajadores calificados al proceso de desestimulación a que lo estamos llevando?

Creo que con las facilidades que se han abierto para emigrar, se puede producir un fenómeno equivalente al que nos llevó a saber, que si no estimulamos la inversión extranjera, haciéndole ciertas concesiones para que venga a Cuba, los capitales no vendrán.

Sin embargo, con nuestra fuerza de trabajo calificada no asumimos la misma flexible actitud. ¿Acaso no estamos viendo la cantidad de personas calificadas que han abandonado el país y que lo continua abandonando, por no encontrar un empleo y por tanto, un nivel de vida que los estimule a permanecer en Cuba?

Con las nuevas regulaciones migratorias vigentes, sin dudas, se establece una cierta competencia de oportunidades entre el mercado laboral interno y el externo. Hoy cualquiera puede decidir entre emigrar o aprovechar una oportunidad en el país. Téngase en cuenta que se puede estar fuera del País durante 24 meses, prorrogables a 24 meses más. No se confiscan los bienes al que viaja, respetándosele todas sus propiedades.

El que viaja retorna a Cuba a los 48 meses y al poco tiempo puede volver a salir bajo las misma condiciones. Creo que 4 años son suficientes para forjarse un proyecto de vida en el exterior y volver a Cuba cada vez que se quiera. Ese es el marco en que nuestra fuerza calificada se mueve ahora. Lo cual establece para el país un entorno muy competitivo, por el que se nos puede escapar parte de la fuerza calificada que necesitamos internamente, para la economía nacional en general y para las inversiones con capital extranjero en particular.

¿Por qué vamos a repetir la dificultad que nos creamos con los médicos en Brasil? Que nos obligó a darles más salario, y a repetir la experiencia en Venezuela, donde estaba ocurriendo algo similar? Es apreciable la cantidad de profesionales que abandonan la misión, al no sentirse estimulados salarialmente ni con las condiciones de vida que deben llevar. ¿Por qué esa tendencia a una actuación de contragolpe y no adelantarnos a los acontecimientos negativos que nos acechan con nuestra fuerza de trabajo calificada?

Ya tuvimos que adoptar medidas en el deporte, porque de lo contrario casi nos íbamos a quedar sin deportistas de alto rendimiento. ¿Porque apretar ofreciendo una distribución salarial desventajosa entre la fuerza de trabajo calificada y el estado cubano? Si son ellos, en parte, los que pagan la educación, la salud, la política social. Porque no es el estado el que paga los gastos mencionados, son los trabajadores. Dé nuevo el Cro. Ministro Murillo respondió que se podía esperar una distribución más favorable al contratado.

Recientemente, en la Mesa Redonda, dedicada a la Nueva Ley de Inversiones Extranjeras, las respuestas fueron muy débiles. Pues, en realidad, soslayaron el trasfondo de las preguntas que se le hicieron a los panelistas. Tanto en lo relativo al problema salarial, como en lo referente a la posibilidad de que el nacional pueda invertir.

Me preocupa también cuando oigo tanta propaganda para estimular el ahorro, porque estamos desperdiciando los bienes del estado. Cuando sería más fuerte y realista decirle al pueblo que son sus propios bienes los que deben ahorrar.

Se trata de esa confusión que arrastramos de creer que la llamada propiedad estatal es la propiedad social. Algo que en los expaíses del llamado socialismo real genero tanta confusión y no menos corrupción.

En la práctica hemos inventado otra ACOREX. Una burocracia que a nombre del estado, sin producir beneficio alguno, se queda con el 20% del salario de los trabajadores contratados por la empresa extranjera.

Poniendo un simple ejemplo: si la empresa extranjera le paga a la empleadora 400 dólares mensuales por un trabajador, la empleadora se queda con un 20%, o sea, 80 dólares, y le paga al trabajador, por los 320 dólares restantes, 3,200 pesos cubanos, a razón de 10 pesos cubanos por cada CUC. Eso es mucho mejor que pagar al cambio de uno por uno, o sea, solo 320.

Pero si el trabajador recibiera directamente los 320 dólares que le corresponden después de descontado el 20% del empleador, y los cambiase en una CADECA, al cambio actual, recibiría algo más del doble de lo que la empleadora le paga. ¿Por qué tenemos que arrancarle un 20% en CUC y el resto dárselo en pesos cubanos a la tasa de 1 a 10? Tiene su lógica si en lo adelante todo se moverá en pesos cubanos. Pero es sin dudas de manera inmediata desfavorable al trabajador.

De modo que la empresa empleadora, dentro de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, no pierde enteramente su carácter recaudador de los salarios. Pues continua quedándose con parte del que el trabajador debiera recibir. Como ha ocurrido hasta ahora. Lo cual es realmente des estimulante.

Eso la empresa empleadora, tal y como ha sido concebida de nuevo, lo puede hacer, porque tiene el monopolio de la contratación. ¿Ello no podría ser función de las mismas áreas de trabajo y salario de los organismos, en cuya rama se va a ejecutar la inversión extranjera? Creo que estas áreas lo podrían hacer y tal vez, con más conocimiento y profesionalismo que una empresa monopólica, burocrática, que no maneja las particularidades de la fuerza de trabajo que se desearía contratar por los inversionistas. No tenemos por qué perder el control de nuestra fuerza de trabajo calificada, lo que tenemos es que buscar un método más estimulante para contratarla.

Creo que bastaría, en términos de defender la fuerza de trabajo nacional, con vigilar que se cumplan las regulaciones de la contratación, por parte del inversionista y las leyes laborales vigentes en el país. Para lo cual, la empresa empleadora no hace falta, porque bastaría que esta vigilancia se ejerciera por parte de la organización sindical del área de inversión y así nos liberaríamos de una burocracia innecesaria, que casi lo único que podría generar condiciones para el favoritismo, el amiguismo, el nepotismo y la corrupción.

Sería suficiente tener una organización sindical fuerte, dentro de la empresa extranjera, para que cualquier violación fuese objeto de atención por los tribunales competentes. Y así además, le estaríamos dando al sindicato, en cada sector económico objeto de inversión, el papel que le corresponde en esta sociedad, defender los intereses de los trabajadores.

Es necesario que nuestra fuerza de trabajo calificada logre el empleo, dentro de un proceso en el cual su oferta y demanda jueguen dentro de un cierto fenómeno de mercado, de cierta competencia, controlada por el estado. Donde esta fuerza de trabajo puedan competir y acceder a los mejores empleos, realmente los más calificados. Sin apadrinamientos, favoritismos ni paternalismos. Un proceso dentro del cual puedan reclamar los salarios que merecen; un proceso donde se acabe la engañifa de que la empresa extranjera, bajo cuerda, o por la izquierda, como se dice, le dé al trabajador un dinero adicional, que nadie sabe cuánto es, ni nadie controla, creándose un marco de ilegalidad, favoritismo y corrupción. Porque de ese modo, además, no es difícil soslayar el pago de impuestos al estado. Permitiendo que el trabajador y la empresa extranjera se combinen para engañar al estado cubano y al gobierno revolucionario. De este entorno de relaciones pueden salir asuntos que nada tienen que ver con el papel económico del capital extranjero y sí mucho con su función ideológica. Asuntos que pueden incluso llegar a afectar la seguridad nacional del país.

Está probado históricamente, incluso dentro de nuestro país, que no se le puede otorgar el monopolio de ninguna actividad a ningún estamento de la burocracia, porque lo que hace es corromperse. Ya tenemos dolorosa experiencia al respecto.

Una ACOREX para la contratación, viene siendo lo mismo que una ACOPIO para la agricultura. Que aún no hemos logrado liberarnos de todas las deformaciones que nos ha creado.

Por las mismas razones, que ahora nos preocupan, hemos planteado, en más de una ocasión, que en particular, la lucha contra la corrupción no debe estar solo en manos de la Contraloría General de la República, que hay que darles participación a los trabajadores, a través de la organización sindical. Tal vez, creando Comisiones Anticorrupción en cada centro de trabajo, con trabajadores seleccionados democráticamente, entre los reconocidos como más honrados. Son los productores de la riqueza, los que más derecho tienen a vigilar, controlar y saber cómo se utilizan esas riquezas.

Ningún organismo burocrático, en ninguna parte, ha resuelto el problema de la corrupción. La burocracia que terminaría con la corrupción no existe en ninguna parte. Solo el control de los trabajadores, guiados por organismos especializados, que podría ser la misma Contraloría, junto a las organizaciones sindicales, los que podrían darle la batalla a la corrupción, hasta llevarla al nivel de un delito común, que entonces atenderían nuestros simples tribunales.

 

Fuente: Red Observatorio Crítico.

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