Día: enero 18, 2013

Visas para cubanos: trabas más allá de una ley (+Videos)

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La nueva política miratoria, que entró en vigor en Cuba el pasado 14 de enero, flexibiliza muchos de los trámites de viaje, pero se mantienen las medidas de los países para regular la entrada a su territorio…

MARÍA DEL CARMEN RAMÓN 
 

Tres días después de que entrara en vigor en Cubala nueva política migratoria, algunos de los principales medios de comunicación publicaban una noticia: el Gobierno de Ecuador exigirá, a partir del próximo 21 de enero, una carta de invitación a los ciudadanos cubanos que quieran entrar al país andino. A no pocos impactó esta nueva regulación, pues Ecuador estaba incluido dentro de la exigua lista de naciones que no exigía requisito de visado para los turistas.
De acuerdo con el informe de la cancillería de ese país, la medida “está orientada a contribuir a la vigencia de un flujo migratorio ordenado entre ambos países y a impedir el tráfico de personas”. Se trata de “una declaración jurada ante notario en la cual un ciudadano ecuatoriano o un extranjero con visado de inmigrante se compromete a cubrir todos los gastos de alojamiento, alimentación, y eventual atención médica del invitado durante su estancia”.
El caso de Ecuador no constituye un hecho aislado. La mayoría de los países establece requisitos que regulan la entrada en su territorio. Para que un ciudadano pueda viajar a un territorio extranjero debe solicitar el permiso de entrada a ese país, y este tiene el derecho de decidir si lo aprueba o no, explicó la Licenciada Laura Pullols, especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante una entrevista concedida al programa televisivo Al derecho.
Aunque existe un grupo de países que no pide visa a los cubanos, entre los que se hallan Rusia y algunas naciones del Caribe, la especialista no ofreció el listado completo, porque este, aseguró, es variable. La recomendación de Pullols fue que los interesados en viajar acudieran a las agencias de viaje, así como a las oficinas de inmigración, para obtener una información más fidedigna sobre los procesos de visado.
Luego de la puesta en vigor de la nueva ley migratoria, decidimos recorrer algunas de las embajadas ubicadas en Miramar, en la capital cubana, e interactuamos con la población, para conocer algunas de sus principales inquietudes.
El ambiente alrededor de las embajadas visitadas se mostraba muy tranquilo y las personas que estaban allí buscaban información sobre las exigencias de los consulados. El impacto de las medidas todavía resulta muy difícil de medir, pero en los múltiples diálogos establecidos durante el recorrido pudimos constatar que los entrevistados se mostraban a favor de los cambios adoptados.
Freddy Caraballo dice que adora Cuba y que nunca dejaría de vivir en este país, pero que desde niño siempre soñó con visitar Canadá. “Es una noticia que realmente ha impactado, sobre todo porque hay personas que tienen familias que no ven hace tiempo”, aclaró.
Ese sentimiento de satisfacción ante la nueva ley fue compartido por todos los entrevistados, cada uno con motivaciones diferentes: María Esther deseaba ver a sus hijas en Suecia; Aymé González agradecía la posibilidad de llevar a su madre por más tiempo con ella a España, donde reside desde hace 12 años; mientras que Glicet Silva exploraba opciones para poder trabajar en otro país y mejorar económicamente.
En muchas de las entrevistas realizadas, las personas mostraron asombro ante los requisitos establecidos por determinados países para regular la entrada en su territorio.
Frente a la embajada de Suecia en Cuba encontramos a María Esther Ibarra, quien también valoró de muy positivo la eliminación del permiso de salida y de la carta de invitación. “Desde el lunes estoy viniendo y hay bastantes personas en las embajadas. Solo me llama la atención que, por ejemplo, para viajar a Suecia se necesita, además del pasaporte, una carta de invitación, con la que se puede aspirar a la visa”.
Esa también fue una preocupación compartida por la pareja de Glicet y Antonio, quienes mostraron inconformidad con la atención recibida por parte de algunos trabajadores de la embajada de Canadá. “Nosotros vemos que todo está bien con la ley, ahora depende de las embajadas”.
La ley migratoria flexibiliza trámites y procedimientos para los ciudadanos cubanos, pero no puede influir sobre las decisiones de los demás países, por tanto, se mantienen los requisitos de los mismos para aprobar la entrada a su territorio de cualquier ciudadano.
La especialista invitada en Al derecho expuso que muchos países desarrollados establecen requerimientos como el de la carta de invitación, como una forma de limitar la emigración de personas, provenientes de estados subdesarrollados.
El historiador y ensayista Jorge Gómez Barata resumió, en un artículo reciente, el camino que queda desde hoy frente a los cubanos con una ilustrativa frase: “La película se invirtió: ¿Quién privará ahora a los cubanos del derecho a viajar? Era hora de emplazar a los que durante décadas representaron el papel de “buenos”. Ahora se comprobará que a norteamericanos y europeos no les interesan los derechos de los cubanos sino la posibilidad de manipularlos y, otra vez serán colocados antes sus inconsecuencias”.
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(Tomado de CubAhora)

 

A la luz plan secreto del gobierno estadounidense contra Cuba que involucró a Alan Gross

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Iroel Sánchez

gross_usaidEl gobierno norteamericano envió a Cuba a Alan Gross dentro de un plan titulado “Cuba Democracy and Contingency Planning Program”(CDCDP). Funcionarios del gobierno norteamericano  EE.UU. hicieron hincapié en la importancia de mantenerlo en  secreto durante una reunión en agosto de 2008 con varias personas de la empresa DAI (Development Alternatives Inc) que envió a la Isla a Gross, el  ”contratista” de Maryland elegido para llevar a cabo un proyecto dentro de la política de “cambio de régimen” de EE.UU. para Cuba, según un memorando confidencial (descargar documento de 8 páginas).

El periodista Tracey Eaton publica en su blog Along the Malecón la documentación presentada el pasado 15 de enero en una corte federal por  DAI como respuesta a la demanda por 60 millones de dólares interpuesta por la familia de Alan Gross, condenado en Cuba a 15 años de privación de libertad.

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Fragmento del documento de la DAI en que se recogen antecedentes, dinero y entidades del gobierno norteamericano que participan en el “Cuba Democracy Contingency Planning Program” (CDPP)

DAI ganó el contrato de USAID  (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) el 14 de agosto de 2008, y rápidamente contrató a Alan Gross, quien fue detenido más tarde en Cuba mientras trabajaba en el proyecto. DAI escribió el memo confidencial al resumir lo que se dijo durante un encuentro con altos funcionarios de USAID el 26 de agosto 2008.

Durante la reunión, la DAI se enteró de que el gobierno de EE.UU. impulsaba en ese momento  ”de cinco a siete planes diferentes de transición” para Cuba, y que a  DAI “no se le pediría que escriba uno nuevo”. El “contratista” debía llevar a cabo un plan para establecer conexiones a Internet por satélite en Cuba y la USAID se comprometió a proteger la identidad de sus asociados dentro y fuera de la Isla: “El programa no está presionando (y no presionará) para revelar redes”, dijo la nota que la DAI presentó en la corte federal, en la que se afirmaba: “Este gobierno espera resultados inmediatos de este programa, definitivamente antes de mediados de enero” y señala la definición de los destinatarios del proyecto: “ONGs prodemocracia, agentes de cambio en derechos humanos, y cubanos que tienen una visión diferente de su país”, lo cual echa por tierra el repetido discurso del gobierno norteamericano y grandes medios de comunicación de que Gross pretendía ayudar a la comunidad judía en Cuba.

La plataforma tecnológica del tipo que debía implementar Groos encaja perfectamente como soporte de las misiones coordinadas para el gobierno norteamericano por Dan Gabriel, un militar que sirvió a la CIA en Iraq y Afganistán, también reveladas por Eaton. Según documentos dados a conocer recientemente, Gabriel debe pagar a sus empleados en Cuba para  que generen  ”al menos cinco historias por semana”, incluyendo “paquetes de noticias en video cuya longitud oscila entre dos y cinco minutos; imágenes en bruto, incluso grabar eventos, entrevistas y fragmentos de sonido, las historias escritas para su uso en la radio y en los sitios web y fotos, cuando sea posible, de acuerdo con el precio programado“.

El memorándum de DAI plantea que la USAID dio instrucciones explícitas sobre cómo la misión de Gross debía ser descrita a los  congresistas norteamericanos para evitar dar   pistas sobre la naturaleza clandestina del proyecto, y señala su carácter conspirativo: “CDCPP no es un proyecto analítico, es una actividad operativa. La aprobación de USAID se necesita para todo. No somos freelance” y añade que USAID quería aprovechar la red global de contactos de la DAI porque volar a Cuba desde Europa, América Central y el Caribe es “menos visible”.

Durante cuatro viajes a Cuba, Gross estableció tres conexiones de Internet – una en La Habana, dos en las afueras de la capital y DAI le pagó 258.274 dólares. Pidió más dinero para continuar con el proyecto y se le prometieron 332.334 dólares, lo que habría elevado su subcontrato a $ 590.608, fechado en 2009 (descargar documento de 6 páginas).

Gross escribió en su informe: “Actividad de radiofrecuencia en la ciudad capital es más difícil de controlar que en las provincias, debido a un nivel ya existente de la congestión RF (por ejemplo, desde el gobierno, los sitios comerciales, embajadas, etc.) Por lo tanto, la vigilancia y la detección en el uso de las TIC es menos probable que ocurra en la ciudad capital. Por el contrario, y porque hay poca congestión RF en las provincias, la vigilancia y la detección de los dispositivos de las TIC es muy probable”. Él revela conciencia del carácter conspirativo de su misión al añadir: “mientras que las redes inalámbricas para computadoras no serían susceptibles de causar  problema si se detectan, el descubrimiento del uso de BGAN para acceso a Internet sería catastrófico”.

Gross tenía previsto instalar tarjetas SIM especiales -de uso por el Pentágono y la CIA, segun un reporte de AP- en los tres sistemas BGAN que desactivaran lafunción de seguimiento GPS y hacerlas más difíciles de detectar. “El tipo de tarjeta SIM que llevaba Gross no se vende en el mercado y se facilita sólo a gobiernos, según un funcionario de una compañía de telefonía satelital y un ex funcionario de inteligencia estadounidense que ha utilizado ese tipo de chip. Los funcionarios, que hablaron a condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información, dijeron que los chips usualmente son suministrados al Departamento de Defensa y a la CIA, pero pueden también ser obtenidos por el Departamento de Estado, que supervisa a USAID”, dijo la AP en su reporte sobre Gross.

Gross escribió sobre esto:

“Con el fin de mejorar y completar las tácticas de seguridad y protocolos ya existentes, el contratista usará una alternativa de la tarjeta SIM, llamada “discreta”, que incrementará el nivel de seguridad técnica con cada uno de los 3 BGANs desplegados. Las tarjetas SIM discretas impiden la capacidad de vigilar o detectar la transmisión de señales  no terrestres transmitidas, respecto a la ubicación y la identificación de la IP de transmisión. Esto se logra mediante:

  • Enmascarar la dirección IP del BGAN, en caso de que alguna entidad sea capaz de “cortar” la transmisión en cada extremo, y
  • Enmascaramiento de la señal de manera que su ubicación GPS no se pueda establecer claramente dentro de 400 km. 

“Telco-in-a-Bag”

telco-in-a-bag

El internet en una mochila que proyectó Alan Gross para el gobierno de EE.UU.

Durante los últimos tres de los seis viajes que Gross había planeado a Cuba, él tenía la esperanza de suministrar a tres grupos con lo que describió como “Telco in a bag”:

Beneficiarios utilizarán este equipo para apoyar las actividades que sean compatibles con el programa de CDPP. En una configuración estándar se incluyen:
Hardware y software (por ejemplo, ordenadores, módems)
Dispositivos de compartir contenido (por ejemplo, iPods, unidades flash, teléfonos inteligentes)
Activación y Servicio (BGAN y móvil)
Instalación
Capacitación en el uso de este equipo será similar al de las 3 primeras páginas (sin incluir formación sobre Ruckus Wireless equipo)
Soporte Técnico Local que debe proporcionar el personal contratista local para la resolución de problemas, asistencia técnica, mantenimiento, etc
Accesorios
Esquemático

Gross dijo que cada “Telco-In-A-Bag” incluiría:
SmartPhones y Teléfonos
Sim Card
2 GB de expansión miniSD tarjetas de memoria
iPod de 120 GB
Cable compuesto AV para usar con iPod y TV
Modulador RF para TV, Cable Coaxial
BGAN satélite módem (1 T & T, 2 Nera)
Discreto BGAN tarjeta Sim
Router Wireless
Switch
MacBook
Mochila
Protector contra sobretensiones (3 tomas) y adaptadores
Polycom Communicator para Notebook
WD Disco duro externo de 500 GB
USB Memory Stick (4 GB Flash Drive)

 

Desde La Habana, Gross ha pedido al presidente Obama un pacto de no beligerancia con Cuba y un diálogo con el gobierno cubano sin concesiones previas, mientras un grupo de ciudadanos norteamericanos envió una petición a la Casa Blanca en que reclamaba “intercambios de prisioneros con Cuba, admitir una conducta equivocada, y considerar el levantamiento del  embargo como incentivos para que este hombre regrese a casa”. Tal vez ellos se hagan la misma pregunta que el activista español Javier Couso al conocer un proyecto similar a la mochila de de Gross, divulgado por The New York Times: “¿Suministrará EE.UU. los aparatos de Internet a los secuestrados de Guantánamo o a los manifestantes de Bahrein?”.

 

 

(Tomado de CubAhora)

Lo público y lo privado

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 Privatizar. Ésa es la solución mágica que los neoliberales (y otros que dicen no serlo, pero lo son…) han propuesto desde siempre. Y ahora más que nunca, aprovechando esta crisis/estafa que tiene al país en quiebra económica y sobre todo social.

“Lo público es un despilfarro. Lo privado es más eficiente.”, dicen. Falso. Si la sanidad no fuera sostenible, ninguna empresa privada querría hacerse con ella. Sólo lo rentable se puede privatizar. Por otro lado, lo público no necesita ser rentable, sólo sostenible; mientras que lo privado exige beneficios, que por lo general se consiguen empeorando el servicio y/o las condiciones de los trabajadores. Y por último, si lo público no es eficiente, es responsabilidad de quienes lo gestionan, que precisamente son los mismos que lo privatizan. La verdad de esta historia es que lo público es un servicio y lo privado, un negocio. Ni más ni menos. Un pingüe negocio para las empresas privadas… y para los que privatizan.

 Es la famosa puerta giratoria” entre lo público y lo privado. Entran por un lado y salen por el otro. Aunque prefiero la definición de Cayo Lara, que los llamó Caballos de Troya”. Eso es lo que son. Políticos al servicio del capital, que entran en política no para hacer un servicio a la sociedad, sino para desmantelar los servicios públicos a mayor gloria de determinados bolsillos, ya de por sí llenos.

 El último caso ha sido el de Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por entonces, se encargó personalmente de privatizar el servicio de análisis clínicos. Casualmente, el pasado agosto fichó por Unilab, la empresa que (también casualmente, claro) se ha hecho cargo de ese servicio. Ya sabemos a qué se refería Güemes cuando en 2008 dijo que “la Sanidad puede ser una gran negocio.”

 La maniobra es legal, sí. La ley marca dos años, y han pasado cuatro. Y Güemes ha dimitido del cargo, forzado por el escándalo mediático. Pero eso no tapa el olor a chanchullo. Al contrario, deja bien a las claras el porqué de esa obsesión en privatizarlo todo. Negocio. Dinero. Capitalismo, al fin y al cabo.

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Devolver favores al privatizador de turno no es nada nuevo. Felipe González, que privatizó Enagás en 1994, es ahora consejero en Gas Natural, empresa beneficiada en aquella operación, a razón de 125.000€ anuales. José María Aznar, quien privatizó Endesa en 1998, es ahora consejero de ésta, por el módico precio de 200.000€ anuales. Ambos sin renunciar a su pensión vitalicia, que pagamos todos. Un caso reciente: Rodrigo Rato, que tras el desastre de Bankia ha sido premiado con un cargo de 100.000€ al año en Teléfonica/Movistar, la empresa que él mismo privatizó siendo Ministro de Economía del gobierno de Aznar.

Podríamos seguir: Elena Salgado y Pedro Solbes (Endesa/Enel), Ángel Acebes (Iberdrola), Eduardo Zaplana (Telefónica), Abel Matutes e Isabel Tocino (Banco Santander), etc, etc… los vínculos entre quienes gobiernan y quienes ostentan el verdadero poder (es decir, el dinero), son más que evidentes. No nos extrañe entonces que las leyes que hacen los primeros sean siempre las que convienen a los segundos. No se muerde la mano que te da de comer, sobre todo sin es tan generosa. Y dejo una reflexión: el PP acaba de privatizar otra parte de la Sanidad madrileña. Los artífices: Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty. Veremos dónde trabajan (o de dónde cobran, mejor dicho) dentro de unos años. Se admiten apuestas.

 

Éste, y no otro, es el porqué de las privatizaciones. El porqué de su empeño en que lo que es de todos pase a ser sólo de unos pocos. El porqué de que servicios básicos como la Sanidad pasen a manos de empresas privadas para las que la prioridad no es nuestra salud, sino sus beneficios. No es por el bien general, no es por la crisis, no es por sostenibilidad ni por eficiencia… Es porque, como dijo Escipión a los que traicionaron a Viriato, Roma no pagaba a traidores. Pero España sí.

 

 

(Tomado de Palabras de Gasolina)